De la chacra de Marihuana y el liberalismo-humanista de izquierda y derecha: Becker y Mujica unidos por un cacho

Colômbia, La silla vacía – Por Andrés Álvarez

De forma valiente, inteligente y sin populismos el 6 de mayo pasado se puso en marcha uno de los experimentos más importantes para el futuro de nuestro país. Este experimento está teniendo lugar a más de cuatro mil quinientos kilómetros de aquí: en Uruguay. Se trata de la legislación sobre la legalización del mercado de la marihuana (decreto aquí). Sin ser el país más afectado por el consumo y la violencia generada por el tráfico ilegal de drogas, Uruguay se atrevió a dar el paso más importante hacia un cambio en las políticas sociales que permitan encontrar una alternativa a la fracasada estrategia de la “Guerra contra las drogas” que hoy en día muy pocos defienden pero casi nadie se atreve realmente a desafiar.

Más allá de su importancia mediática, este experimento es un ejemplo más de cómo los extremos políticos se atraen. Pero en este caso yo diría que entre sus buenos polos. La legislación uruguaya la implementa un gobierno abierta y radicalmente libertario de izquierda. Pero las características de la política bien pueden pensarse como un homenaje a uno de los economistas más liberales de derecha de la Economía moderna, un literal “Chicago boy”: el recientemente fallecido premio Nobel de economía Gary Becker. Y es precisamente de esta conjunción de ideas y de lo interesante que resulta esta mezcla de lo que se trata esta entrada.

En múltiples ocasiones Becker analizó el mercado de las drogas para concluir sistemáticamente lo mismo. Bajo una impecable lógica económica simple y contundente, como la mayoría de sus ideas afirmó que la peor política, desde el punto de vista de un análisis de costos y beneficios sociales, para reducir el consumo de drogas es hacer ilegal su comercio y combatir su producción. La consecuencia inesperada y paradójica de la “Guerra contra las drogas” lanzada por R. Nixon es que no disminuye el consumo pero sí produce efectos negativos y peores para la sociedad como la violencia. El mecanismo económico básico detrás de este argumento indica que las drogas ilícitas son el mejor ejemplo de un bien con una demanda muy inelástica: cuando su precio cambia (aumenta) su demanda en cantidades no varía (baja) casi nada por ser adictivas. Este tipo de mercados tiene entonces la propiedad de hacer que los precios tiendan a aumentar de forma considerablemente más fuerte que en los demás cuando su oferta se contrae por efecto de la prohibición y de la guerra contra la producción. Sumado a esto, si además el mercado es ilegal y por lo tanto informal y no sometido a controles de la autoridad, su producción se hace en las peores condiciones y está expuesta al control de mafias que obtienen su poder del control del mercado y la consecuente anulación del mecanismo de la competencia que podría eventualmente hacer bajar los precios. Estas mafias se hacen entonces más poderosas mientras más fuertes sean los controles a la producción y los efectos de sus métodos violentos afectan a toda la sociedad, incluso a quienes están lejos de ser directos implicados como consumidores o productores de drogas. Cualquier colombiano nacido en el último medio siglo entiende y ha sufrido las consecuencias de este simple e implacable mecanismo económico.

Un elemento menos conocido dentro de los argumentos de Becker y sus coautores (ver este artículo emblemático al respecto) es que la política de guerra contra las drogas es el resultado de y ayuda a perpetuar la desigualdad. La razón, un poco más compleja y de orden sociológico esta vez, es que las familias más pobres son las más afectadas por la presencia de mercados ilegales de drogas, si se compara con la alternativa más sensata que sería la de tener un mercado legal controlado y que permitiera someter el bien a un impuesto al consumo para reducir su demanda más efectivamente. Por un lado, la presencia de mayor exposición al desempleo y a la falta de educación es más común entre las familias pobres. Esto induce a que el costo de oportunidad de participar en un mercado ilegal sea más bajo para los hijos de familias pobres que para los hijos de familias más acomodadas. Así, la mayor parte de los muertos de la guerra los ponen las familias pobres.

Además, incluso si suponemos que las preferencias individuales por el consumo de drogas como la marihuana es muy similar entre todos los estratos, la presencia de mercados informales e ilegales tiende a concentrarse en los barrios más pobres, por las razones mencionadas, y el costo de acceso a las drogas ilegales se hace más bajo en estos sectores. De modo que la discriminación de precios que hace que sea más caro y difícil para los hijos de estratos medios y altos actúa en favor de un menor consumo en estos estratos que entre los más pobres. Becker y sus coautores afirman entonces que es normal que las democracias controladas por las élites económicas perpetúen la política de ilegalidad de bienes como las drogas, la prostitución y los juegos de azar.
En conclusión, las consecuencias negativas de la ilegalidad recaen mayoritariamente sobre los pobres. Hasta el momento en que la violencia se desborda y empieza a afectar el capital y los negocios de los ricos, quienes pueden absurdamente responder con más políticas de guerra contra las drogas o incluso con el uso de bulldozers para destruir una casa en ruinas que expende drogas o hacer gasto militar en la erradicación de unas pocas hectáreas de cultivos, como si esto no agregara energía al círculo vicioso de mayor precio – mayores ganancias para los traficantes – más violencia.

Todos estos argumentos, tanto sobre la paradoja económica de los mercados ilegales como el efecto más grave sobre la desigualdad, están claramente expresados en el artículo de G. Becker, K. Murphy y M. Grossman (2004) mencionado más arriba. Por lo tanto estas ideas no pueden leerse únicamente como una defensa del libertad de mercado sino más generalmente de la Libertad humana con mayúscula.
Veamos ahora en qué sentido la política uruguaya recoge estos elementos y le agrega también lo propio de un liberalismo, de izquierda esta vez, que hace de este experimento una alternativa libertaria y humanista en el mejor sentido de ambas palabras.

Con la idea de hacer legal no solo el consumo (como ya se había experimentado en Holanda y también con la dosis personal en Colombia y en muchos estados de EEUU) sino también la producción de la marihuana, se hace viable traer a la formalidad, y por lo tanto al verdadero control del Estado, tanto la oferta como la demanda de este mercado. Del mismo modo como la formalidad en el mercado laboral hace posible que las condiciones de los trabajadores sean mejores porque más estrictamente reguladas, también la política uruguaya sobre la marihuana introduce de forma explícita el propósito de brindar la protección de la legalidad a consumidores y productores. Aunque parezca paradójico más libertad de producción y consumo va de la mano con mayor regulación y sobre todo mejor control sanitario. El decreto uruguayo hace parte de una política integral de salud pública y no de seguridad. Como lo afirmó recientemente Julio Calzada (secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay):
“Es un camino de desarrollo de políticas basadas en la información, en la evidencia, en el estudio; un proceso que comenzó con la regulación del mercado del tabaco, que continúa con la regulación del mercado de la marihuana y que sigue con el proyecto de ley que hemos aportado al Parlamento para la regulación del mercado del alcohol” (Fuente aquí)

Estos principios muestran que esta ley no es el producto de una forma de populismo neo-hippie-mamerto de un presidente más de la izquierda en Latinoamérica, sino que es una política con la mayor inspiración tecnocrática posible: del experimento con el mercado de la droga menos dañina se van a recoger datos, se van a desarrollar controles y se va a dar al Estado las herramientas de una regulación más científica de su producción que hasta ahora la informalidad impedía.

El humanismo libertario de Mujica y Becker se hace más claro al observar que los principios que motivan su política son además una búsqueda de devolver a la libertad y sobre todo a la responsabilidad individual y a la educación la decisión sobre el consumo de drogas. La política de legalización del mercado de marihuana en Uruguay será un experimento que considera a los adictos como enfermos a los que la sociedad debe tratar de aliviar porque todos tenemos derecho a la salud, que hace de los consumidores recreativos y esporádicos unos adultos responsables de sus actos y que deja de hacer llevar el peso de la violencia y las deshumanización a los más pobres. Es una política de reducción de la desigualdad como lo pensaba Becker.

Para cerrar recordemos las palabras de Pepe Mujica que seguramente coinciden con las de Becker sobre el consumo de drogas:“Si necesitás de una droga para ser feliz, estás frito”. O en su versión dirigida a nuestros candidatos presidenciales que se ocupan más de la propaganda negra que de otra cosa: “Si necesitás de un avión o de un bulldozer para hacer más rico a un mafioso, estás frito.”

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